‘Exministra Cecilia Álvarez sí sabía de ilegalidad de otrosíes’

Contrario a lo que venía afirmando desde hace años, ayer la Fiscalía General de la Nación destapó sus cartas y le enrostró a la exministra de Transportes, Cecilia Álvarez el hecho de que ´ella sí sabía de la ilegalidad de los otrosíes que firmó a favor de la multinacional del crimen Odebrecht solo por el interés de beneficiar a una familia muy cercana a ella´. Así quedó demostrado en la audiencia de imputación de cargos adelantada por el ente acusador contra la exfuncionaria ante ekl Tribunal Superior de Bogotá.

La Fiscalía la llevó para endilgarle el delito de interés indebido en celebración de contratos en el caso de Odebrecht. La audiencia que se desarrolló desde las 09:00 de la mañana de manera virtual con el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes.

De acuerdo con el ente investigador, en su condición de funcionaria del Gobierno entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, habría participado en los trámites del otrosí Ocaña – Gamarra a la ‘Ruta del Sol II’, privilegiando intereses personales y favoreciendo al consorcio contratista

Para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley.

El ente acusador determinó que, para intentar subsanar estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes para declarar importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.

Con su proceder, la Fiscalía señaló que la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

TUVO UN ACTUAR DOLOSO

Para el fiscal Gabriel Jaimes, el comportamiento de la entonces ministra del Transporte Cecilia Álvarez fue doloso.´Ese tramo, dice el ente investigador, no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II, por lo que debía tramitarse en un nuevo proceso de contratación por licitación pública. Además, el ente acusador argumenta que tampoco se tramitaron nuevos estudios técnicos ni se pidió la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley.

De otra parte, la Fiscalía sostiene que para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes cuestionados, y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria integrada por Odebrecht, la entonces ministra también emitió una resolución el 22 de julio de 2014 que permitió a la concesionaria instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Finalmente, la investigación indica que Álvarez-Correa también favoreció a la multinacional al garantizarle una vía de acceso principal, que sería el trayecto Ocaña–Gamarra, para un proyecto fluvial que se construiría sobre el río Magdalena para poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar).

‘PREFIRIÓ SUS INTERESES PERSONALES’: FISCALÍA

Para la Fiscalía, la exministra convalidó irregularidades sustanciales en los otrosíes 3 y 6. Sobre el otrosí 6, para este la concesionaria debía cumplir con unas condiciones a las que solo ella podía darles vía libre, como la autorización para dos nuevos peajes. “A pesar de la ilegalidad que conocía, prefiriendo sus intereses privados, profirió resolución de concepto vinculante para dos peajes (…) Ella coadyuvó para que el pacto ilícito entre la ANI y Ruta del Sol pudiera ejecutarse”.

ELLA SÍ SABÍA

Sobre el otrosí 6, la Fiscalía recordó que la Ministra le preguntó al Consejo de Estado que le respondió que las obras adicionales son las excepcionales para cumplir el objeto contractual inicial. “Por ese concepto ella sabía que era inviable adicionar el otrosí 6” porque el objeto de la Ruta del Sol II era conectar el centro del país con la costa, y el otrosí 6 buscaba conectar Norte de Santander con Cesar, es decir, el oriente y el este del país, por lo cual debía hacerse un contrato separado.

“A pesar de haber declarado esos impedimentos, Cecilia Álvarez termina interviniendo en los dos ministerios en varias operaciones de la Ruta del Sol II y el otrosí Ocaña-Gamarra”, sostuvo el fiscal. Para el ente investigador, con sus intervenciones ella “favoreció el proyecto fluvial en el que tenía interés personal. Lo peor de todo es que era tanto el interés que tenía Cecilia Álvarez que intervino en sucesivas actuaciones irregulares en el contrato”.

PARA FAVORECER A SU PAREJA

Pero el fiscal Gabriel Jaimes logró desenredar el ovillo al revelar que para la época de los hechos, la exministra Cecilia Álvarez-Correa tenía una relación sentimental con la también ministra Ginna Parody, cuyos familiares tenían, supuestamente, algunos intereses en la vía. ´Así pues, la exmintransportes tenía unos intereses de tipo personal, pero también de tipo profesional, señaló la Fiscalía, por cuando desde 2010 ella hacía parte de empresas privadas interesadas en construir un puerto. Por esos intereses ella presentó en su momento unos impedimentos.

Tras presentar la línea de tiempo de los hechos, el fiscal Jaimes señaló que la exministra no participó en la etapa precontractual, por lo que la Fiscalía, pese a destacar algunas irregularidades en los otrosíes 3 y 6, no imputa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, sino el de interés indebido en la celebración de contratos. «Usted participó con un interés particular en actuaciones directas dentro de la operación contractual que ponen de presente un actuar doloso”, indicó Jaimes.

LOS TRÁMITES

La Fiscalía señaló que el 14 marzo de 2014 la ANI y la concesionaria Ruta del Sol suscribieron el otrosí 6 para adicionar el tramo Río de Oro-Aguaclara-Gamarra , siempre que la consecionaria cumpliera con condiciones como la autorización del Mintransporte para subir los precios de varios peajes e instalar dos nuevos. Ese otrosí también modificó el plazo total del contrato a 25 años. El 26 julio 2014 la ministra Álvarez-Correa expidió resolución con el concepto previo para los dos peajes nuevos.

El 2 de agosto de 2013 Sala de Consulta del Consejo de Estado respondió a la pregunta de la exministra aclarándole la irregularidad de las adiciones a contratos vigentes cuando estas excedían el objeto del contrato, o si estas se pretendían usar para evadir un procedimiento obligatorio o el cumplimiento de una norma.

El fiscal continuó presentando una línea de tiempo sobre las presuntas irregularidades, por ejemplo mencionó que el 4 enero de 2013 Corpocesar expidió una resolución que otorga a la Sociedad Portuaria Andalucía la licencia ambiental para la construcción del puerto; el 25 enero 2013, Álvarez-Correa se declaró impedida para integrar el Conpes para aprobar la expansión portuaria, pero tiempo después elevó una consulta a Sala Consulta del Consejo de Estado sobre la prórroga de contratos.

Según la Fiscalía, desde 2010 Cecilia Álvarez-Correa sabía que había estudios para la construcción de un puerto fluvial en Gamarra, Cesar, pues hacía parte de la junta directiva de Cartagena II SA, sociedad que pretendía hacer ese puerto. También sabía de la importancia para el futuro puerto de que hubiera cercanía con la Ruta del Sol II. El 13 julio de 2011 la exfuncionaria tomó posesión como gerente del Fondo de Adaptación y para ese momento ya sabía de la intención de hacer un puerto.

El fiscal Gabriel Jaimes comenzó por señalar que la imputación es por actuaciones de Álvarez-Correa como Ministra de Transporte y como Ministra de Comercio. Luego contextualizó la contratación alrededor del tramo II de la Ruta del Sol, en donde se habrían presentado los delitos, y mencionó que los hechos relevantes en el caso ocurrieron en los otrosíes 3 y 6 que se hicieron al contrato de Ruta del Sol II.

Pocos minutos después de arrancar la diligencia, la abogada Ingrid Parrado se conectó y le manifestó al magistrado que la Agencia Nacional de Infraestrcutura (ANI) desea constituirse como víctima en este proceso.

No aceptó los cargos

Pese a la contundencia de los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa no aceptó hoy los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de interés indebido en celebración de contratos, concretamente en provecho de terceros, en el marco del escándalo de Odebrecht. Ahora comienza a correr el plazo de noventa días para acusarla formalmente o para pedir el archivo de la investigación.

En audiencia virtual, desarrollada durante la mañana de este jueves en el Tribunal Superior de Bogotá y ante el magistrado Efraín Bermúdez, el fiscal Gabriel Jaimes expuso a lo largo de más de dos horas los argumentos jurídicos del ente investigador para acusar a Álvarez. El fiscal Jaimes, por momentos, tuvo problemas de conexión a internet que no le restaron fuerza a su línea acusatoria.

ÁLVAREZ SÍ SABIA

Según el ente acusador, la exjefa de cartera de Transportes y Comercio, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, favoreció los intereses de la multinacional brasileña Odebrecht en dos otrosíes firmados durante la construcción de la Ruta del Sol II. Asimismo, les cedió el permiso, con una resolución de julio de 2014, de instalar dos nuevos peajes y aumentar las tarifas para pasar por otros cinco.

Principalmente, la irregularidad llegó al adicionar el tramo que va de Ocaña (Norte de Santander) hasta Gamarra (Cesar). De acuerdo con Jaimes, el objeto del contrato inicial no contemplaba esa parte de la ruta, así que, para poder invertir en ella, debía abrirse otro proceso de licitación pública, además de pedir autorización al Consejo Superior de Política Fiscal y al Consejo Nacional de Política Económica y Social, algo que no se realizó.

Para el órgano investigador, la exministra Álvarez tenía interés personal en favorecer la construcción de un puerto en Gamarra, dado que antes de ocupar esa cartera fue parte de la junta directiva de Cartagena II SA, una sociedad que quería ese proyecto. Además, mantuvo una relación sentimental con la también exministra Gina Parody, cuyos familiares presuntamente también tenían intereses en la ruta.

Álvarez, según el relato de la Fiscalía, sabía que los otrosíes eran inviables, no solo por su conocimiento como Ministra, sino porque lo consultó con el Consejo de Estado. Sin embargo, antepuso sus “intereses privados” y “actuó de forma dolosa”, con un “claro conocimiento e interés en violentar normas”.

“La doctora Álvarez, teniendo pleno conocimiento de que no era posible celebrar esos otrosíes al construir un nuevo proyecto de infraestructura que debía ser licitado, obvió esa circunstancia y coadyuvó, de forma eficaz, a que el pacto ilícito suscrito entre la Ani y la concesión Ruta del Sol pudiera ejecutarse”, afirmó el fiscal Jaimes.