Suspenden desalojo de 226 casas en El Porvenir
En la urbanización el Porvenir 226 viviendas están invadidas, por lo que la Alcaldía debe ejecutar el desalojo en respuesta a la judicial T946 de 2011.
A última hora, la Alcaldía de Valledupar, anunció la suspensión de la orden de desalojo de 226 viviendas en la urbanización El Porvenir, alegan inconvenientes con el acompañamiento de la Fuerza Pública e instituciones garantes de derecho para llevar a cabo el proceso que corresponde al cumplimiento de la sentencia judicial T946 de 2011.
Anunció la Administración Municipal que informará la nueva fecha de esta diligencia, una vez se solvente la situación.
A través de un comunicado, Fonvisocial había informado la tarde del lunes, la ejecución de la medida, a fin de continuar con el proceso de entrega a los beneficiarios.
Para llevar a cabo el desalojo de las familias invasoras se requiere del acompañamiento de la Policía Nacional, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación seccional Cesar, además de entidades garantes de los derechos humanos, tales como: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería de Valledupar, Defensoría del Pueblo y de las sectoriales municipales: Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas y Fonvisocial.
Con la participación de los actores anteriormente citados, se busca respetar todas las garantías constitucionales y llevar a cabo el debido proceso sin contratiempos.
Este proyecto habitacional fue construida en la administración del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía por la Sentencia T 946 del 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó a los entes territoriales a crear casas para reubicar a las personas que ocupaban las invasiones Bello Horizonte 2, Altos de Pimienta, Guasimales y Brisas de La Popa, en respuesta a una tutela.
Sin embargo, no se ha cumplido en su totalidad, ya que en varias oportunidades la administración municipal argumentaba que no han podido dar con el paradero de algunos de los beneficiarios. Entre tanto, los ciudadanos que invadieron las viviendas se rehúsan a abandonarlas porque exigen ser tenidos en cuenta en proyectos de vivienda financiados por el Gobierno nacional.
LEYENDA
MIGUEL MACEA Di Martino, defensor de Derechos Humanos y Ejecutivo de la Corporación Colectivo de Paz, convoca a los gobernadores, alcaldes, líderes, personeros y las JAC, para trabajar por la paz en el territorio.