Estado indemnizará 8.287 víctimas de paramilitares con $27.000 millones
DURANTE EL 2023
El Fondo para la Reparación a las Víctimas inició el proceso de indemnización judicial a 8.287 víctimas de los bloques paramilitares ‘Central Bolívar’, ‘Mineros’ y ‘Libertadores del Sur’, en cumplimiento de sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Este proceso se realizará entre los próximos jueves 29 de diciembre de 2022 en Santa Marta (Magdalena) e irá hasta el 27 de enero de 2023.
De acuerdo con la Unidad para la Reparación de las Víctimas, el valor total de estas indemnizaciones asciende a $27.000 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación y de los recursos propios del Fondo, los cuales son el resultado de la monetización de los bienes entregados por los postulados de dichos grupos paramilitares.
Los primeros pagos tienen un valor de 3.300 millones, recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación. Los segundos desembolsos, que hacen parte de los recursos propios del Fondo para la Reparación a las Víctimas, son de 23.770 millones, los cuales se obtienen a través de la monetización de los bienes administrados que fueron entregados por los postulados de dichos grupos paramilitares.
La entidad explicó que desde el 2019 no se realizaba una distribución de recursos propios del Fondo para la Reparación que permitiera ordenar el pago de indemnizaciones judiciales a un universo tan representativo de víctimas, razón por la cual se harán 9.511 giros correspondientes a la identificación de 10.918 hechos victimizantes, entre ellos: desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual.
La Unidad para las Víctimas adelantó un análisis interno respecto a los bienes entregados por cada uno de los postulados, así como la distribución de los recursos con el fin de que el valor que le corresponda a cada una de las víctimas sea acorde con el reconocimiento inicial que se hizo en estas sentencias de Justicia y Paz.
La Unidad para las Víctimas anunció que en los actos de entrega de estas indemnizaciones judiciales se adelantará una serie de actividades como el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, acompañamientos psicosociales y asesorías relacionadas a la inversión adecuada de los recursos para que estos tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida.