La Ley de Paz Total busca nueve zonas para dialogar

En manos del Congreso de la República ya quedaron las bases jurídicas con las cuales el gobierno de Gustavo Petro espera poder fundamentar los procesos de diálogo con la guerrilla del ELN, como también con los grupos armados ilegales que han expresado interés de hacer parte de la estrategia de la llamada paz total. 

En ese sentido se radicó un proyecto de ley para reformar la ley 418 o ley de orden público, con la cual los gobiernos nacionales tenían los fundamentos legales para dialogar con los grupos ilegales, pero que ahora en el gobierno de Petro está revistada la reforma con el objetivo de lograr la autorización para realizar los llamados diálogos regionales, la inclusión de la política de paz como una política de Estado y la transformación del servicio militar obligatorio en uno que sea un servicio social por la paz.

El proyecto en tal sentido fue radicado por los ministros de Interior, Alfonso Prada y Defensa, Iván Velásquez, en la Cámara de Representantes, con el apoyo de los partidos de gobierno Pacto Histórico y Alianza Verde, y otros partidos.

De acuerdo con el ministro Prada, este proyecto es que permite la política de paz de Estado y dispone de nuevas normas para tal fin. Al explicar la iniciativa Prada dijo que además de ser política de Estado la política de paz, las negociaciones se deberán mantener en el cambio de un gobierno.

“El proyecto plantea convertir en política de Estado la política de paz, eso implica que la da carácter vinculante a los acuerdos para que no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, que incluso los procesos de paz que estén incurso vinculen al gobierno siguiente y le de la continuidad de lo que es un derecho constitucional como es la búsqueda de la paz”, aseveró el ministro Prada.

Explicó además que en la ley el gobierno espere quede incluido que se vinculen los planes de paz a los planes de desarrollo nacional, a los planes de enfoque territorial, a los planes de sustitución de cultivos e incluso a los planes sectoriales.

Por otra parte el ministro Prada señaló que “se incorpora por primera vez el concepto de la seguridad humana como el camino hacia la paz total, se podrá llegar a las facultades que se le dan al gobierno nacional y a los negociadores a acuerdos finales pero se crea la figura de los acuerdos parciales, se reglamenta la figura del gabinete para la paz que sesione bimensualmente y con todos los ministerios porque todos tienen que ver con la paz”.

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, uno de los coautores del proyecto, sostuvo que la reforma también habilita a las autoridades locales “para que dentro de unos márgenes, claramente específicos, puedan adelantar, eventualmente, diálogos tendientes a acuerdos humanitarios. Esto no quiere decir que cada alcalde puede abrir una mesa de conversación. No es eso. Como se viene haciendo hoy porque es un poco hipócrita pensar que algunos alcaldes no están hablando con los grupos armados”.

Cepeda precisó que la facultad de los alcaldes en esos posibles diálogos sólo se podrá llegar al plano humanitario, pero en ningún momento “los alcaldes podrán abrir una mesa de conversación, tampoco dialogar con los grupos armados de temas que no sean los del DIH”.

Para Cepeda con esos acuerdos se puede disminuir o limitar el impacto de la violencia, “lo que se quiere es poner a salvo a la comunidad. Si los grupos armados quieren enfrentarse que lo hagan por fuera del perímetro donde está la ciudadanía, es que eso lo dice el Derecho Internacional Humanitario”.

Aunque no se han formalizado en que zonas serán esos diálogos regionales, el gobierno espera tener 9 zonas, en las cuales el propio comisionado de paz, Danilo Rueda, ya está planteado las mismas, entre ellas el Catatumbo y otra en el Cauca y Nariño.

Por otra parte y con respecto al manejo de los recursos de la paz, el ministro Prada dijo que ahora será un sólo fondo y no cuatro como sucede en la actualidad, lo cual ha llevado a actos de corrupción con los dineros de la paz. “Los fondos de la paz que son cuatro ahora se crea uno solo con cuatro subcuentas para agrupar los mismos y hacer coordinación, sobre todo una rendición de cuentas y veeduría ciudadana, esto es porque a los dineros de la paz le han surgido ataques de corrupción y queremos una urna de cristal en ese procedimiento”.

Unos aspectos más de la ley que espera la administración Petro es que habiliten los territorios nacionales e incluso internacionales para hacer los diálogos, se dispone de la figura de los diálogos regionales, con todas las competencias, “esto es un proceso de proceso de paz diferente”, sostuvo Prada.

Por su parte el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que “este proyecto tiene que ver con la creación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, no significa que el servicio militar obligatorio se termine con la aprobación de esta ley”.

Explicó que los jóvenes colombianos lo que tendrán es la posibilidad de prestarlo por medio de algunas de las actividades que “se prevén como es la alfabetización o actividad  relacionado con proyección del ambiente o promoción de derechos humanos o para trabajar con víctimas del conflicto armado, entre otros”.

Velásquez sostuvo además que el gobierno deberá reglamentar el servicio social para la paz y sus modalidades que pueden prestarse, “con una importante previsión, que su implementación será gradual, esto significa que debemos examinar su implementación y de qué manera será dentro de las Fuerzas Militares”. Advirtió que de todas maneras las fuerzas van a seguir contando con los efectivos para el desempeño de su misión constitucional.

Para el presidente del Senado, Roy Barreras, con esta ley se le entregarán importantes facultades al gobierno Petro en materia de paz. “elevar este proyecto a Estatuto de paz, permitirá desarrollar la paz plena. Esto marca un cambio profundo”.

Por su parte el representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, sostuvo que “este proyecto de ley que comienza por la Comisión Primera de la cual hago parte, es el primer paso para que alcancemos la llamada Paz Total. De esta forma da la posibilidad de continuar con diálogos regionales, es decir la participación de los sectores que han vivido las atrocidades de la guerra, de manera que haya una solución desde las propias víctimas”.

El exnegociador de paz con las Farc, senador Humberto de la Calle, llamó la atención para que haya cuidado en que no se vaya a autorizar unas mininegociaciones en el territorio nacional, lo cual puede ser más dificultoso para el propio gobierno.

Desde la oposición, senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se corre el gran riesgo con estos diálogos regionales a que las mafias del narcotráfico se fortalezcan más y busquen una supuesta paz que no la van a cumplir.

LAS 8 EXTRADICIONES DEL GOBIERNO PETRO 

Ayer se conoció que el presidente Gustavo Petro firmó las ocho primeras órdenes de extradición de su gobierno. La decisión se produce en momentos en que su gobierno está definiendo nuevas reglas de juego para el envío de narcotraficantes y de otros delincuentes hacia Estados Unidos.

Aparecen con ´Visa´a USA aprobadas por Petro aparece Alcevis Enrique Ortiz Luquez; además Frank Hernán Álvarez Espinel, José Luis Pino Leal, Romulo Ramírez Rodríguez, Jhon Sebastián Vallejo Rueda y Luis Alexander Barrera Forero. La lista la completan Andrés Felipe Restrepo Sánchez, Alejandro Echeverry Cano, Jamille Mantey y Luis Gonzaga Ramos López.  Los seis primeros son solicitados por cortes de Estados Unidos. A Restrepo lo solicitó España. En los dos últimos casos, el de Jamille Mantey y Luis Gonzaga, al parecer la justicia de Brasil desistió de la solicitud.

/Colprensa