Hacinamiento carcelario es del 235%
Las obras financiadas por el gobierno nacional avanzan a buen ritmo. La construcción consta de tres modulares que lograrán la reubicación de 507 privados de la libertad, y en él tendrá su espacio la guardia.
El establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas, está involucrado en uno de los fenómenos que ataca al sistema carcelario nacional, el hacinamiento.
Un problema que va en crecimiento y que la Defensoría del Pueblo ha catalogado como una crisis. Los reclusorios en Colombia cerrarán agosto con una sobrepoblación del 20%.
El Ministerio Público ha recomendado concebir penas alternativas al encarcelamiento y que puedan beneficiar a la sociedad.
No obstante, la descongestión puede tardar, tal como ha sucedido en la ciudad. De acuerdo con datos del Inpec, para el 2020, el penal reportaba 1.300 privados de la libertad, lo que significaba un atiborramiento del 300%. Hoy, después de dos años se registra una reducción del 65%.
“En la actualidad hay 758 internos, incluyendo 60 mujeres y 7 hospitalizados. Este es un establecimiento que está construido para albergar a 321 internos, seguimos padeciendo por el hacinamiento, razón por la que los Jueces de Ejecución vienen trabajando a efectos de seguir liberando espacio. Le hemos solicitado a la Rama Judicial la sustitución de medidas de aseguramiento, como la prisión domiciliaria, libertad condicional o un cambio que se ajuste a la condición jurídica de cada persona”, explicó Yair Manjarrés, director de la cárcel.
En el contexto de la pandemia, fue sancionado el Decreto nacional 546, el cual perseguía la excarcelación de condenados que cumplieran una serie de requisitos de ley. Pero en este reclusorio fue poco lo que se logró a través de la norma, que acabó con la finalización de la emergencia sanitaria, ya que, de 48 reos que se postularon, solo tres obtuvieron ese beneficio.
Ante este panorama, como una medida alterna, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio, junto a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, iniciaron la creación de una nueva edificación de dos pisos que se construye sobre un área de 600 metros cuadrados y que contó con una inversión de $1.316 millones, para albergar 507 internos y para el alojamiento del personal de guardia.
“Se construyeron tres modulares, igualmente se está erigiendo un área donde estará instalada y operará el comando de guardia, y donde estará la puerta principal del establecimiento para el ingreso del personal administrativo y de visitantes”, señaló Manjarrés.
LOS CENTROS TRANSITORIOS
Otro de los perjudicados con el hacinamiento de las cárceles colombianas son los Centros de Detención Transitoria, CDT, que comprenden las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata, URI, edificios a cargo de las administraciones municipales y la Fiscalía; y con competencia de la Policía para su vigilancia. La Defensoría del Pueblo ha precisado que los CDT están atiborrados en un 177%, e instó a su descongestión.
Y en Santa Marta la situación es ajena, toda vez que, la Estación Norte, los CAI de Policía en El Rodadero, Taganga y Buritaca, registran una aglomeración del 590%, según el último informe del ministerio público en esta materia.
“Es necesario contar con una política criminal coherente que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso, permitiendo que las soluciones de los conflictos provengan de otras medidas menos lesivas y de políticas sociales que verdaderamente resuelvan los problemas estructurales de raíz», precisa Carlos Camargo, defensor nacional del Pueblo.
CONVENIO CON LA ALCALDÍA
Desde el pasado mes de julio en las puertas de la cárcel distrital fue colgado un anuncio que indicaba la negativa del ingreso de personal procesado o condenado, si antes el gobierno distrital no firmaba el convenio interadministrativo requerido.
El gremio sindicalizado del Inpec explicó para aquel entonces que, se dieron unas series de incumplimientos que impactaron en el presupuesto del penal.
Sin embargo, Yair Manjarrés, aseguró que “actualmente está en trámite la materialización de un convenio con la Alcaldía. Conocimos que ya expidió los CDP correspondientes y estamos en plan de trámite. La documentación está en la dirección regional para estructurar el acuerdo para que sea firmado por las partes”.
Mientras que se logran los acuerdos, los familiares de los privados de la libertad acuden a las instancias nacionales para que se pueda estructurar una salida que permita el deshacinamiento, el cual, es el principal generador de riñas y contiendas entre reos.