Corte envía a la cárcel a Senador con nexos a una red de corrupción
Senador Mario Castaño, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
De esta manera, la Corte resolvió la situación jurídica del congresista investigado por los delitos de concierto para delinquir.
La Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento intramural al congresista Mario Castaño, es decir, seguirá detenido en la cárcel mientras se adelanta el proceso en su contra por corrupción en compra ilegal de contratos.
De esta manera, la Corte resolvió la situación jurídica del congresista investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión.
La Corte informó que la decisión se tomó con el objeto de “asegurar la reserva de las pruebas y porque la libertad del sindicado constituye un riesgo para la comunidad”, pues habría información de que él podría interceder o desviar la investigación en su contra.
La Sala Especial de Instrucción tomó esta decisión luego de que el senador fura capturado el pasado 7 de junio para rendir indagatoria, diligencia que se cumplió el 10 y 11 de junio.
El congresista es señalado de supuestamente haber liderado una “organización criminal” en la que presuntamente exigía el pago de un porcentaje de contratos públicos que se les entregaban a contratistas escogidos a dedo.
La Corte busca determinar si esa “organización criminal” habría sido integrada por servidores públicos y por particulares que se dedicaban a manipular procesos de contratación pública en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del Ministerio del Deporte.
Según la información que tiene la Corte, Castaño también habría ‘metido la mano’ en la contratación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de recibir salario, no realizaron ningún trabajo.
“El aforado igualmente le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo”, dijo la Corte en la decisión.
Esas investigaciones iniciaron tras una compulsa de copias que hizo la Fiscalía, luego de la captura de nueve personas que también estarían implicadas en esa red de corrupción.
El expediente contra el congresista nombra contratos presuntamente corruptos en la construcción de canchas bajo el lema ‘Sacúdete al Parque’, en las que supuestamente el congresista recibía alrededor de 100 millones de pesos por cancha construida.
También se nombran contratos de la producción de licores en el Chocó; la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte; Proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
La Corte informó que la decisión se tomó con el objeto de “asegurar la reserva de las pruebas y porque la libertad del sindicado constituye un riesgo para la comunidad”, pues habría información de que él podría interceder o desviar la investigación en su contra.
La Sala Especial de Instrucción tomó esta decisión luego de que el senador fue capturado el pasado 7 de junio para rendir indagatoria, diligencia que se cumplió el 10 y 11 de junio.
El congresista es señalado de supuestamente haber liderado una “organización criminal” en la que presuntamente exigía el pago de un porcentaje de contratos públicos que se les entregaban a contratistas escogidos a dedo.
La Corte busca determinar si esa “organización criminal” habría sido integrada por servidores públicos y por particulares que se dedicaban a manipular procesos de contratación pública en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del Ministerio del Deporte.
Según la información que tiene la Corte, Castaño también habría ‘metido la mano’ en la contratación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de recibir salario no realizaron ningún trabajo.
“El aforado, igualmente, le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo”, dijo la Corte en la decisión.
Esas investigaciones iniciaron tras una compulsa de copias que hizo la Fiscalía luego de la captura de nueve personas que también estarían implicadas en esa red de corrupción.
El expediente contra el congresista nombra contratos presuntamente corruptos en la construcción de canchas bajo el lema ‘sacúdete al parque’ en las que supuestamente el congresista recibía alrededor de 100 millones de pesos por cancha construida.
También se nombran contratos de la producción de licores en el Chocó; la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte; Proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.