Condenan a 7 del ‘Cartel de los Locos’
El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar condenó a 7 personas, implicadas en el llamado ‘Cartel de los Locos’.
Este entramado criminal quedó al descubierto en abril de 2016 cuando la Fiscalía General de la Nación determinó que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar se elaboraban a cambio de dinero dictámenes de por pérdida de capacidad laboral (PCL) con el propósito de que trabajadores de las compañías mineras carbones del Cerrejón, Drumont y Prodeco y empleados de entidades públicas obtuvieran prematura e ilegítimamente pensión de invalidez. Se trataba de una enfermedad común pero se anotaba que se trataba de una enfermedad de naturaleza psiquiátrica.
Los condenados son: Sandra Patricia González Atencio, Mario Alberto Alarcón Pabón, Rolando José Vargas Russo, Patricio García De Caro, Calin Alberto Acosta Cabarcas, Oswaldo Díaz Rodríguez y a María Carolina Ovalle García, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y cohecho por dar u ofrecer.
También se decía que los aspirantes a obtener una pensión por invalidez previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento, al tiempo que iban también a las compañías de seguros y adquirían pólizas, todo ello, decía el anónimo, para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por PCL, las obligaciones dinerarias contraídas y el riesgo asegurado, fueran asumidos por la banca privada y las aseguradoras del país.
Sandra Patricia González Atencio, Rolando José Vargas Russo, Patricio García de Caro y María Carolina Ovalle García, fueron condenados a 28 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.
Mario Alberto Alarcón Pabón y Calin Alberto Acosta, fueron procesados por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y condenados a una pena de 46 meses de prisión, multa de 80 salarios mínimos vigentes.
Entretanto, Oswaldo Díaz Rodríguez fue condenado por concierto para delinquir y fraude procesal, con una pena de prisión de 113 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos vigentes.