Por MAURICIO CABRERA GALVIS
Un análisis completo sobre la reforma tributaria debe responder tres preguntas: ¿Se necesita? ¿Qué debe incluir? ¿Cuándo debe hacerse?
Respecto de la primera no hay discusión: la coyuntura de la pandemia ha agrandado el hueco fiscal y se necesita recaudar ingresos adicionales. Eso sí, no se puede decir que se necesita para financiar los programas contra la pobreza y la desigualdad, porque estos no pueden ser la cenicienta del gasto público y si no hay impuestos nuevos hay que recortar otros gastos inútiles del Estado.
En cuanto a su contenido, hay consenso sobre la necesidad de una reforma estructural para que el régimen tributario cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Esto quiere decir que se eliminen exenciones, que las rentas de capital de las personas naturales paguen más y que se disminuya la evasión y la elusión.
La tercera es más complicada, porque el Gobierno enfrenta la presión de los mercados financieros para reducir el déficit fiscal, pero por otro lado el mismo presidente Duque dijo hace unos meses que hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia era suicida, porque subir impuestos reduce la demanda agregada.
El presidente tiene razón, salvo en un caso específico, que se conoce como el “multiplicador del presupuesto balanceado”. Es “balanceado” porque ocurre cuando el gobierno sube los impuestos y aumenta el gasto en la misma cantidad, y no se disminuye la demanda agregada. Por el contrario se aumenta, porque para pagar los impuestos los particulares disminuyen su consumo pero también sus ahorros, de manera que el aumento del gasto público es mayor que la disminución del consumo privado. Por eso hay un multiplicador que estimula el crecimiento y el empleo.
La mala noticia es que ese no es el caso con el actual proyecto, y sí se va a producir el suicidio pronosticado por el presidente. Según el Ministerio de Hacienda la reforma aspira a recaudar $23.4 billones, pero el aumento del gasto será solo de $7.2 billones: $4.6 billones para el Ingreso Solidario, $1.8 billones para devolución del IVA y $0.8 billones para otros programas y subsidios.
El resto del nuevo recaudo se dedicará a reducir el déficit fiscal y la deuda pública, objetivos necesarios pero no en medio de la aguda recesión económica que ha generado la pandemia y su manejo. Tal como está planteada esta reforma frenará la recuperación y aumentará el desempleo; por eso no es oportuna y debe aplazarse, sin que eso implique que se deba aplazar un programa de ingreso mínimo garantizado para los pobres y vulnerables
De todas maneras es urgente aumentar ya los ingresos del fisco, pero hay otras alternativas para hacerlo que afectan mucho menos la demanda, como la propuesta del presidente de la Andi de suspender los beneficios tributarios creados en la reforma de 2019, el IVA a las transacciones de finca raíz, y otros que analizaré en otra ocasión
Economista.