El regreso de una fumigación necesaria
El retorno de las aspersiones con glifosato para combatir los cultivos ilícitos está otra vez sobre la agenda nacional. La medida, que pretende erradicar los cultivos de coca, inquieta a los campesinos de la zona, a los narcos y toda la cadena criminal involucrada con ello.
En este sentido, hay que recordar que hacia mediados del año 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la instancia que maneja la política pública antidrogas, ordenó la suspensión del uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida glifosato. Este, como se sabe es un herbicida no selectivo de contacto que mata a las plantas sobre las cuales dicho herbicida se aplica. Es el terror de los narcocultivadores y de quienes alimentan la cadena de producción. No olvidemos que su utilización ha sido eficaz y efectiva.
El presidente Iván Duque firmó el decreto que establece las reglas de la aspersión aérea para regular “el control de riesgos para la salud y el medio ambiente”, y así cumplir con algunos de los requisitos que le ha exigido la Corte Constitucional. Desde que se suspendieron las fumigaciones en 2015, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.
El anuncio reabre una discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años. El propio Duque ha argumentado con insistencia que Colombia necesita todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato.
Colombia ha fumigado cultivos ilícitos con glifosato desde los años ochenta. Aunque Estados Unidos promueve su uso, el Gobierno de Santos suspendió las aspersiones aéreas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determinó, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si establecen con investigaciones científicas que esas aspersiones no producen daño a la salud ni al medio ambiente.
El decreto de esta semana “no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos”, ha matizado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. “El programa estará enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes”, ha señalado por su parte su compañero de Gabinete en la cartera de Defensa, Diego Molano, quien vaticina que las aspersiones se reactivarán en este trimestre, en un proceso que podría extenderse hasta junio.
Para que las avionetas de la fuerza pública vuelvan a arrojar el herbicida sobre los cultivos de coca aún faltan varios pasos. Entre otros, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de manera que el Ejecutivo pueda citar al CNE, la entidad nacional de política de drogas. Varios frentes todavía están envueltos en procesos jurídicos. Sin embargo, se da por descontado que el CNE aprobará las fumigaciones.
Colombia se mantiene en el primer lugar como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. Luego de haber alcanzado máximos históricos, las hectáreas dedicadas a la coca han comenzado a marcar una tendencia a la baja en el Gobierno de Duque gracias a años de enormes esfuerzos. La superficie total se ubicó en 154.000 hectáreas al cierre del 2019, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), la medición oficial. Fue el segundo año consecutivo de una modesta disminución frente al récord de 171.000 hectáreas en 2017. El Gobierno culpa al narcotráfico de la crisis de seguridad que sufre el país, que incluye un creciente número de masacres y el incesante asesinato de líderes sociales.