El ´cartel de la toga`
Luego de varios años de investigación, el juez 10 penal del circuito de Bogotá condenó en primera instancia a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Además de la vergüenza que para la rama Judicial de Colombia significa la condena a quien fuera su más alto dignatario, también podría servir para demostrar que la ley y la decencia están por encima de quienes usan sus cargos para defraudarla.
Según el fallo que el país entero pudo ver a través de la audiencia virtual transmitida ayer, el hoy reo hizo parte de una organización criminal en compañía de otro expresidente de la Corte, José Leonidas Bustos, de los exmagistrados Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández, así como del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, entre otros personajes.
Ellos formaron una asociación para manipular los casos que estaban en sus manos, seis de los cuales habrían favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores, entre los cuales se encuentra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, nombrado por el juez en la lectura de su fallo.
Fue el final de una grotesca operación delincuencial dirigida a enriquecerse con el ejercicio de la Justicia, uno de los pilares del Estado de Derecho y de la fe pública en nuestra sociedad. Según la Fiscalía, esa sociedad del mal utilizó información privilegiada, manipuló testigos para cambiar versiones y uso los medios de comunicación.
La lista de delitos relatada con cuidado por el juez es larga y ameritará una dura y ejemplar condena que será conocida en próximos días. Pero ante todo es una actuación que descubre hasta dónde fue infiltrada la Corte, el máximo Tribunal de Colombia por la corrupción que vende sentencias e involucra personas a las cuales se les otorga la mayor credibilidad y respeto posibles para que puedan cumplir con sus deberes
El Juez 10 afirmó que Francisco Javier Ricaurte se concertó con sus compinches para delinquir con fallos de la Justicia a cambio de coimas, y concluyó que sí existió una organización criminal para torcer procesos judiciales. Ahora, la Nación espera que todos esos socios relacionados en el expediente y descubiertos en la audiencia virtual tengan un tratamiento similar y sean condenados de igual forma a la que se procedió con quien al parecer era uno de los jefes de lo que se conocen como ‘el cartel de la toga’.
De este proceso tiene que salir también una lección sobre la necesidad imperiosa de acentuar la moral y la ética como principio fundamental en el manejo del Estado, en este caso, del deber de impartir justicia y de perseguir la delincuencia en todas sus expresiones. Los acusados, y en especial el exmagistrado Ricaurte, son personas que usaron sus magistraturas para echarse al bolsillo unos pesos, sin importarles el daño que le causaban a la sociedad.
Por supuesto, la decisión tiene repercusiones dolorosas para el buen nombre de la Justicia en nuestro país, administrada por miles de personas que cumplen con su deber y a diario ofrecen pruebas de su compromiso con la labor que les encomiendan la Constitución y las leyes.