Francisco Ricaurte, primer magistrado en ser condenado
El Juzgado 10 penal del Circuito de Bogotá reveló el sentido de fallo condenatorio en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada. Además se ordenó su captura inmediata.
En la audiencia, que inició a las 8:00 de la mañana, el Juez Guillermo Adame Suarez recogió la acusación de la Fiscalía, que señaló a Ricaurte de promover y dirigir una organización criminal entre 2013 y 2016, junto con el también exmagistrado Leonidas Bustos, a la que integraron al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, al abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.
De acuerdo con la acusación, las reuniones para ‘torcer’ los procesos se realizaban en la casa de Ricaurte y Bustos, quienes tenían los contactos y conseguían los clientes, los cuales en su mayoría eran dirigentes políticos investigados.
Los exmagistrados manejaban los casos con diferentes estrategias: conseguir información privilegiada, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad.
El juez tuvo en cuenta igualmente el testimonio del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien declaró contra Ricaurte acogiéndose a un principio de oportunidad.
En su testimonio, Moreno aceptó hacer parte de “una organización criminal para favorecer a los que eran amigos de Francisco Ricaurte o a aquellos que se acercaran a esta organización bajo la apariencia de legalidad”.
Según la declaración del exfiscal anticorrupción, Ricaurte conoció a Moreno en el año 2012 a través de Bustos e inmediatamente decidieron trabajar juntos y luego acordaron conformar una oficina en el norte de la capital en conjunto con Ruth Marina Díaz. Este despacho fue el lugar donde el exfiscal empezó a trabajar en algunos casos que le refería el exmagistrado.
Este lugar estaba ubicado en el norte de Bogotá y era de bajo perfil de acuerdo a una conversación entre Ricaurte y Moreno, donde el primero le decía que “es un hotel donde no viene mucha gente y uno se puede camuflar”, dijo el extogado.
En ese momento, Ricaurte fungía como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y tenía dos oficinas “una en la calle 94 donde laboraba y otra en donde estaba Luis Gustavo Moreno y al cual le pasaba procesos”.
El exmagistrado Ricaurte fue capturado en 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente
Lo que ha dicho la Fiscalía es que, entre 2013 y 2016, junto con el también exmagistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero”.
CASO POR CASO
Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al exsenador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.
En el caso de Ashton, la Fiscalía dijo que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo. Tal y como se dijo en la imputación de cargos, para evitar una orden de captura y archivar la investigación habrían pedido 1200 millones de pesos.
Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso, en ese momento. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.
En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el exmagistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica.
Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el fiscal dice que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra, “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.
En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.
Por otro lado, el fiscal destacó en el caso de Julio Manzur que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada, asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.
Y en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Fiscalía dice que entre 2014 y 2015, el exmagistrado Malo tenía en su equipo a Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula fue nombrado en esa entidad en abril de 2015, por supuesta intervención de Ricaurte.
“Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficios de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales”, indicó el fiscal en medio de su intervención hecha durante 2017.
QUE DEVUELVA LAS MEDALLAS
Tras conocerse el sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, por el denominado ‘Cartel de la Toga’, la Corporación Excelencia por la Justicia (CEJ), solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que le retire cualquier reconocimiento que se le haya hecho mientras estuvo como funcionario de la Rama.
La Corporación se refiere expresamente a la Medalla José Ignacio Márquez, que le fue otorgada a Ricaurte, y que exalta las virtudes y servicios prestados por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Lo anterior, “por considerar al exmagistrado una persona que bajo ninguna circunstancia podría ostentar dicho reconocimiento en desmedro de magistrados y jueces que sí lo hacen de manera proba y transparente”.
La solicitud se registrará por parte de la CEJ, luego de que este martes, el Juzgado 10 Penal de Conocimiento de Bogotá dictó sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado, por su vínculo en una “estructura criminal”, que servía para amañar procesos judiciales de aforados a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Ricaurte se convirtió en el primer magistrado condenado por tales hechos, pues sus compañeros de Sala, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, aún se encuentran en etapa de juicio, tanto en el legislativo, como en la Corte y ante la justicia ordinaria en los juzgados de Paloquemao.
Por estos hechos, la justicia condenó al abogado Leonardo Luis Pinilla y al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, por haber cometido actos de corrupción que también vincularon a los exsenadores Álvaro Ashton, Julio Manzur, Musa Besaile, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.
Lo que dijo la Fiscalía en contra de los procesados es que habrían ofrecido sumas de dinero desde 200 millones hasta 2000 millones de pesos, con el fin de evitar investigaciones y órdenes de captura por delitos relacionados con parapolítica.