A Fiscal de Bosconia investigado por corrupción le negaron domiciliaria
El fiscal Yesid Pallares Aguilar, investigado por presuntamente conformar una empresa criminal en Bosconia dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero, seguirá privado de la libertad en la Cárcel Judicial de Valledupar.
Así lo decidió el Juzgado Segundo Penal del Circuito que negó la detención domiciliaria para el funcionario quien enfrenta este proceso junto al juez Roberto Carlos Orozco Argote y el abogado Carlos Ropero.
La decisión confirmó lo resuelto por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías que también había negado las pretensiones de la defensa de Pallares Aguilar.
La defensa había pedido la sustitución de medida de aseguramiento de centro carcelario a su lugar de residencia bajo el argumento de que su protegido se encontraba en malas condiciones de salud.
“Si bien el procesado padece de dichas enfermedades, que la defensa considera grave, no puede determinarse con claridad si está en esa condición grave, que su salud corre peligro en dicho centro de reclusión y que su enfermedad sea incompatible con el sitio de reclusión. Además, se deduce que al detenido se le viene prestando atención médica en el sitio tal como lo establece la legislación en la jurisprudencia que ha regulado el tema de los privados de la libertad”, manifestó el togado.
De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante el CTI, el rol del Fiscal Sexto de Bosconia Yesith Pallares en la empresa criminal era -aparentemente- manipular los procesos de los clientes de su amigo, el abogado Carlos Ropero, para facilitar las carpetas que son de reserva del ente acusador, además de determinar el archivo o preclusiones de acuerdo a lo que se haya pactado la organización.
Según la investigación, la red actuó completa en el caso de un hombre capturado por porte ilegal de armas en 2017. El abogado Ropero se reunió con familiares del capturado y les cobró 15 millones de pesos, entre efectivo y un carro, para favorecerlo.
En la audiencia Ropero actuó como abogado del capturado, Payares era el fiscal del caso y el juez de la diligencia fue Orozco Argote. Al final de la misma, el detenido fue dejado en libertad.
Luego, en abril de 2018, dijo el ente acusador, el fiscal le pidió a los familiares del hombre tres millones de pesos para dejarlos acceder al proceso y poderse preparar para pedir la preclusión del caso.
En otro de los hechos investigados, registrado el 3 de mayo del año pasado, se falló a favor de un hombre en un proceso ejecutivo por un predio. Se habrían pedido dos millones, de los cuales millón y medio eran para el juez que tomó la decisión.
La Fiscalía les imputó a los tres funcionarios distintos delitos: al juez Roberto Carlos Orozco Argote, concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio; al fiscal Yesid Pallares, concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión y asesoramiento y otras actuaciones ilegales; y al abogado Carlos Ropero, concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal. Ninguno aceptó los cargos.