La conmemoración de los cuatro años de la firma del acuerdo de paz con las Farc llega en un momento difícil para el país, no solo porque se da en medio de la pandemia por el Covid-19, sino especialmente porque coincide con el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del territorio nacional.
77 masacres cometidas en lo que va corrido del año, con 133 víctimas, más del doble de las registradas en todo el año pasado, y 18 personas muertas solo en el último fin de semana, en tres hechos de violencia registrados de Cauca, Antioquia y Atlántico, son de por sí suficientes argumentos para mostrar que el balance no es positivo.
Sin embargo, expertos defienden lo logrado en la negociación y aseguran que, si bien la violencia se ha mantenido o incluso recrudecido en algunos lugares del país, en otros los efectos positivos de haber sacado del conflicto a miles de hombres armados, aun se perciben. La implementación de lo acordado aún va a mitad de camino.
Según el balance hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el último año, las acciones de los grupos armados aumentaron en un 65% en relación al primer año de la firma, lo que significa que pese a la desmovilización de la que era considerada la guerrilla más antigua del continente, la violencia no paró, y por el contrario, se viene intensificando.
María Victoria Llorente, directora de la FIP, señala que la implementación del acuerdo de paz debe desglosarse por áreas, igualmente importantes, debido a que hay muchas que han venido funcionando mientras, otras como la seguridad, se han venido deteriorando. A nivel positivo destaca el avance en la reincorporación, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y lo que se ha hecho, hasta el momento, con el catastro multipropósito.
El expresidente Juan Manuel Santos, el principal promotor del acuerdo de paz con las Farc, destacó que en los cuatro años del acuerdo, el país ha mejorado en muchos aspectos. Dijo que, pese a los hechos violentos que se siguen presentando, hay una reducción en los homicidios, ataques terroristas y tasa de secuestros.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que la firma del acuerdo fue un gran paso en el largo recorrido de la sociedad colombiana en la resolución pacífica de los conflictos y en la búsqueda de la paz. Reconoció los logros alcanzados hasta ahora y el compromiso de quienes suscribieron el pacto.
“Aun en medio de la adversidad por la pandemia del Covid-19 y por los múltiples retos que persisten en la construcción de paz, el acuerdo final de paz sigue siendo una oportunidad para cumplir con las expectativas de paz de las víctimas y de la sociedad colombiana en general para afianzar la reconciliación y la no repetición”, agregó la ONU.
En el mismo sentido que Llorente, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, indica que el balance de los cuatro años de la firma del acuerdo debe hacerse con cuidado debido a que así como hay municipios que lograron salir del conflicto en el que estaban sumidos y los indicadores de violencia bajaron, ha habido un deterioro en algunas partes.
Ávila indica que no solo el tema de seguridad es un punto negativo en la implementación del acuerdo sino aspectos importantes que se incluyeron y que aún no se concretan, tales como la reforma política, la reforma rural integral. Señala que del acuerdo se esperaba un avance de 10 para el país y se ha obtenido un 4.
El hoy partido político de las Farc manifestó que tras los 4 años de haber firmado el acuerdo final de paz, este se ha visto marcado por el incumplimiento por parte del Gobierno, así como por las muertes de 242 excombatientes firmantes. Sin embargo, reafirma la lucha por conseguir paz con justicia social en el país.
“Saboteadas circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto, el acceso a tierras para proyectos productivos, la sustitución de cultivos de uso ilícito y 242 compañeros y compañeras asesinadas ¿Pero rendirnos? Jamás, seguimos dando la pelea por la implementación”, comunicó el partido.
Por su parte, el senador Iván Cepeda señaló que la continua prédica del uribismo contra el proceso de paz y contra los líderes del partido Farc, así como contra el acuerdo, propicia un estado de opinión favorable para la violencia sistemática contra quienes dejaron las armas y para que se normalice su asesinato.
“El problema más grave asociado con el acuerdo de paz de 2016, ha sido la incapacidad del Estado de ocupar los territorios de donde salieron las Farc Esos vacíos los han llenado otros grupos armados Eso explica parte del aumento de las masacres”, agregó el Antonio Navarro Wolf, vocero del Partido Alianza Verde.
El consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín, por su parte, señaló a modo de balance que tras cuatro años de la firma del acuerdo de paz quedó demostrado que las Farc no eran el problema sino las economías ilícitas y el narcotráfico.
“Esa realidad contrasta con la torpeza o mala fe de quienes fueron funcionarios del Gobierno anterior y estuvieron sentados en la mesa de La Habana. ¿Cómo se explica? Le pregunto yo a los colombianos ¿Cómo se explica que personas que llevaban más de una década, o 2 décadas o 3 décadas, trabajando los territorios, trabajando en temas de seguridad, trabajando en temas de paz, que sabían qué iba a pasar con la presencia del narcotráfico, desmontaron en su gobierno la política contra los cultivos ilícitos”, indicó Guarín.
La directora de la FIP destacó que hay cambios en la manera en la que se está generando la violencia en el país debido a que lo que se observa en estos momentos es una multiplicidad de conflictos a nivel local. Dice que se pasó de una situación de conflicto a nivel nacional a una fragmentación del mismo en el ámbito local, pero que este no se puede seguir viendo solo desde la arista en la que el narcotráfico es el que lo genera y la fuerza armada del Estado es el que lo combate.
“No tener claridad sobre eso ha bloqueado que se desarrolle una estrategia de seguridad de control territorial adecuada y que acompañe todo lo que se ha venido haciendo en la agenda de los PDET. Estas formas de violencias no son nuevas, la fragmentación la hemos vivido en Colombia, la vivimos después de la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006”, añade Llorente.
Jaime Zuluaga, experto en paz y profesor de la Universidad Externado de Colombia, ratifica que el cuarto aniversario de la firma del acuerdo de paz llega en medio de un proceso de fortalecimiento de nuevas y viejas violencias ante un Gobierno que, a su juicio, ha demostrado incapacidad para enfrentarlas debido a la incapacidad de tomar las medidas adecuadas.
“En relación con la implementación del acuerdo, yo creo que lo están asfixiando presupuestalmente y políticamente, buscando deslegitimar las instituciones que han funcionado o que están funcionando como es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) .La propuesta de un referendo para abolirla es difícil de separar del Gobierno porque se trata de la propuesta de del partido de Gobierno”, agrega Zuluaga.
El experto también dice que los cuatro años del acuerdo encuentran unas Farc debilitada a nivel político y un fraccionamiento de las fuerzas democráticas en el país, que tampoco ayudan en la defensa del mismo.
/Colprensa