El 20 de noviembre arrancan audiencias preparatorias contra Carlos Mattos
El empresario del Cesar es investigado por el escándalo de corrupción judicial conocido como Hyundai.
El juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que las audiencias preparatorias contra el empresario colombo–español, Carlos José Mattos, comenzarán el próximo 20 de noviembre.
En las diligencias que se van a desarrollar de manera virtual por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, la Fiscalía General, a través de su delegado, solicitará que se autoricen las pruebas que se practicarán en la etapa de juicio.
Lo mismo hará el abogado defensor de Mattos, quien planteará las pruebas que considere necesarias para debatir los argumentos del ente investigador.
Las audiencias se realizarán los días 20, 24 y 27 de noviembre, entre las 8 a.m. y 4 p.m. El expresidente de Hyundai en Colombia es investigado por presuntamente haber enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, quien dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron a la empresa que él dirigía, seguir vendiendo los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
Según las investigaciones, el empresario Mattos habría contactado a un abogado para que se reuniera con la juez Ligia del Carmen Hernández, como “agradecimiento” por dejar en firme esas medidas judiciales.
El empresario enfrenta otro proceso penal tras haber sido señalado de ejecutar un plan para direccionar que una demanda presentada por la empresa que representaba, llegara directamente al juzgado sexto civil de Bogotá.
A comienzos de 2020, la Fiscalía General de la Nación ordenó el inicio de una persecución de las propiedades y activos ilícitos adquiridos, por parte del empresario Carlos Mattos y otros de los abogados y funcionarios involucrados en los mismos hechos.
Cabe mencionar que de manera simultánea al proceso penal que se sigue contra el empresario Carlos Mattos y de los demás investigados, la Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso de extinción de dominio para identificar bienes que habrían sido adquiridos irregularmente.
Las autoridades de Policía Judicial serán las encargadas de emprender las respectivas labores de ubicación y plena identificación de bienes, que puedan ser objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, el juez 58 de control de garantías de Bogotá, prorrogó por un año más la orden de captura vigente contra el empresario.
Finalmente, el Tribunal Constitucional de España frenó la extradición a Colombia, del empresario Carlos José Mattos Barrero.
COMPULSA DE COPIAS
De otro lado la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que ahonde en las investigaciones y determiné si existieron más sobornos a la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez para favorecer al Carlos Mattos con una decisión judicial.
“Se verifique la posible ocurrencia de delitos diferentes en relación con los otros dineros recibidos por la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez”, dice el fallo.
Esa decisión se conoció en el fallo de la Sala Penal, que dejó en firme la condena contra la juez por recibir 30 millones de pesos como soborno.
Sin embargo, el fallo de la Corte la beneficia, porque la Sala Penal ordenó rebajar la condena de 25 a 20 meses de prisión, es decir un año y seis meses.
La Corte dijo que la juez tiene el derecho de que se rebaje el 50% de la pena impuesta porque aceptó los delitos cometidos.
“Resulta imperioso que se corrija la mala práctica de presentar escritos de acusación cuando el procesado acepta los cargos en la audiencia de imputación”, le dijo la Corte a la Fiscalía.
La juez se desempeñó como juez 16 civil municipal de Bogotá entre los meses de diciembre de 2015 y julio de 2016.
Según los hechos, durante ese periodo de tiempo le correspondió revisar un proceso de Hyundai Colombia Automotriz S.A.
El objetivo era: “practicar una prueba anticipada de inspección judicial con exhibición de documentos, libros y papeles del comerciante sociedad Global Car W Orld S.A.S. (demandado) e intervención de perito informático”.
La juez realizó esa inspección en abril y ordenó a la parte demandada abstenerse de importar, nacionalizar o introducir al país cualquier producto de Hyundai incluyendo vehículos y autopartes.
También ordenó no utilizar con cualquier fin, los signos distintivos de propiedad industrial con los que Hyundai comercializaba los productos.
Después de tomar esa decisión, recibió de Carlos Mattos 30 millones de pesos: “a título de agradecimiento por la decisión tomada”.
El proceso penal en su contra inició el 16 de enero y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de cohecho impropio.
SE QUEDA EN ESPAÑA
Definitivamente Carlos Mattos logro burlarse de la justicia colombiana y se ha quedado a vivir plácidamente en España.
El Tribunal Constitucional de ese país frenó recientemente la extradición del empresario solicitado por la Fiscalía. Además, anula todo el proceso que se adelantaba en su contra.
En un fallo se le otorga a Mattos un amparo especial y se advierte que para que surta efecto la solicitud de extradición de un ciudadano hacia Colombia, se requiere de control judicial en el origen, para garantizar los derechos del extraditado.
“El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho”, dice el fallo.
Y deja en claro que la sentencia anula las decisiones de la Sección Tercera de la Sala Penal de 3 de mayo y del Pleno de la Sala de 1 de julio de 2019, respectivamente, “al considerar que se han vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación”.
La decisión del tribunal está relacionada con la petición de Colombia de extraditarlo, dentro del proceso que se le sigue como presunto responsable de cohecho, por haber pagado dádivas al juez 16 civil municipal de Bogotá para que este lo beneficiara en un caso Hyundai. Estos pagos habrían sido para quedarse con el monopolio de la venta de esa marca de carros.